Buenas noticias en Córdoba

Desde el martes, no sólo chicos y jóvenes de todo el país pasarán por ese momento ritual que muchos recordarán durante años: el primer día de clases. Casi en simultáneo empiezan sus actividades las escuelas de las cárceles, donde estudian miles de detenidos que buscan en la educación un resquicio para pensar algo que el encierro suele clausurar.

De acuerdo a estimaciones del Programa Nacional de Educación en Contextos de Encierro, en 2010 la escolarización alcanzó a cerca del 60 por ciento de los detenidos. El cálculo fue realizado sobre la base de proyecciones estadísticas de datos obtenidos en 2008 por el Sistema Nacional de Estadística sobre la Ejecución de la Pena (Sneep). Ese año se contabilizó 53.448 personas detenidas en todo el país, de las cuales 20.479 estaban escolarizadas (50 por ciento en la escuela primaria y cerca del 30 por ciento en secundaria).

“La educación en la cárcel produce transformaciones y no sólo es una convicción personal, los resultados de los procesos educativos así lo demuestran”, dice la psicóloga Ana Correa, impulsora del Programa Universidad en la Cárcel (PUC) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

“La incorporación al mundo simbólico modifica las formas del trato, la comunicación, fomenta la no violencia al incorporar la palabra como herramienta que media en las relaciones. Hay cambios en la socialización que son enormes”, señala la especialista, tras 10 años de trabajo continuo del PUC en contextos de encierro.

El cómputo de 2010 –a partir de la tendencia estadística de 2008– indica que sobre una población carcelaria de 61.465 internos, 36.453 se encuentra realizando estudios formales. Entre 2002-2010, la matrícula primaria creció un 128 por ciento (14.851 matriculados), la secundaria un 427 por ciento (14.247 matriculados) y la universitaria 153 por ciento (970 matriculados).

Según el relevamiento, en el período 2002-2010, la cobertura educativa se amplió un 217%, frente a un incremento del 27% de la población detenida en igual lapso.

El derecho a la educación está reconocido en un sinnúmero de tratados y pactos internacionales que el Estado nacional se comprometió a reconocer tras la Reforma Constitucional de 1994.En su informe sobre escolarización en las cárceles (2009), la ONU sostiene que si bien “por lo general se considera a la educación una herramienta para el cambio y su valor se juzga a la luz de su repercusión en la reincidencia y la reintegración, es un imperativo en sí”.

Derecho inalienable. “La educación –resalta Correa– es un derecho inalienable de toda persona que habita este país. Las cárceles sólo privan del derecho a la movilidad, pero de ninguna manera pueden resentir otros derechos”. Recientemente hubo avances en este terreno; la Ley Federal de Educación de 2006 incluyó la obligación del Estado en la formación de los detenidos y en Córdoba la norma educativa provincial sancionada a fines de 2010 contempló “garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de la libertad…”.

“En la cárcel están alojadas, por lo general, personas de sectores sociales muy bajos y económicamente carecientes. Llegan ahí después de un largo camino de privaciones, rechazos y violencia, que a veces empieza en la propia casa. En el encierro se encuentran con un tiempo largo y vacío, 24 horas que se repiten cada día de forma idéntica. El resultado, y esto está muy estudiado, es que crece la violencia en esa persona o termina enloqueciendo. Eso es lo que pasó durante mucho tiempo”, sostiene Isabel Ribet, coordinadora del programa nacional de Educación en Contextos de Encierro.

Según la funcionaria, la educación es clave para revertir esas consecuencias del encierro. “Por un lado, devuelve a la persona la posibilidad de iniciar un camino educativo que quedó frustrado en la infancia. Y por otro lado, el contacto con otros pares que están interesados en pensar para sí mismos y sus familias un futuro distinto hace que empiecen a buscar proyectos alternativos al delito”, apunta.

Si bien en los últimos años el índice de analfabetismo de la población carcelaria bajó del 30 al 15 por ciento, aún sigue siendo alto. “Es muy superior al promedio del sistema educativo, que no llega al cinco por ciento. El 93 por ciento de los internos no terminó la secundaria”, indica Ribet. Para combatir esta situación, se puso en marcha el programa Encuentro, donde los detenidos alfabetizados se convierten en alfabetizadores; ya son 2.338 las personas que aprendieron a leer y escribir con la ayuda de sus pares.

Mapa regional. En Latinoamérica, una de las regiones con más altos contrastes socioeconómicos del planeta, las personas detenidas en los centros tienen por lo general un bajo nivel de escolaridad, de acuerdo a la investigación de la Red de Investigadores Latinoamericanos en Contextos de Encierro (RedLece)

Por ejemplo, en Perú 6,2 por ciento de los internos que estudian realiza cursos de alfabetización, lo que representa 1,5 por ciento de la población penal. En Brasil 7 por ciento de los presos son analfabetos, 17 por ciento sabe leer y escribir, 46 por ciento cuenta con educación básica incompleta y 12 por ciento completó este nivel.

En México, 5.685 internos toman cursos de alfabetización. Incluso en países cuya tasa de escolaridad es elevada tienen una alta demanda de alfabetización y educación básica en sus centros penitenciarios. Es el caso de Argentina, donde los reclusos cuentan con bajo nivel de escolaridad. Frente a esta situación –indica el informe– varios países han establecido por ley la obligatoriedad de cursos de alfabetización.

La investigación reseña que en la última década se produjo un aumento de la cobertura educativa en la región. “Sin embargo, hay que mencionar que se constató en varios países a menudo una irregularidad o disparidad de servicios y programas, de una provincia o de una región a otra, e incluso de una prisión a otra la oferta o los recursos varía”, advierte.

“Es muy variable el porcentaje de reclusos que participa en las actividades educativas, aunque por lo general es bajo. Ofrecer la educación a los adultos, a los privados de libertad significa más bien restituir una deuda a quienes no contaron con la oportunidad de estudiar o que ésta se interrumpió por diversas razones”, concluye.

Por otra parte, la investigación constató un aumento en la tasa de personas encarceladas, duplicándose incluso en algunos países. A título de referencia, en Europa Occidental el promedio es de 100 reclusos por cada 100.000 habitantes; América latina tiende a superar esta media. Por ejemplo, en México rebasa el 198; El Salvador tiene 174; Uruguay 212; Brasil 227; Chile 279; Perú 126; Colombia 129, República Dominicana 170. En Panamá la tasa alcanza 378. En Argentina es de 139.

El informe sostiene que el “crecimiento (de los detenidos) se debe en gran medida al diseño de reformas tendientes a endurecer las penas… para responder al contexto de violencia y a las altas tasas de criminalidad; aunque, de hecho, no han podido demostrar su eficacia para contrarrestarla”. También resalta la conexión directa entre situaciones de vulnerabilidad social –desempleo, trabajo en negro, pobreza y exclusión– y violencia urbana.

Fuente: Hacer click aquí

“El 90% de los detenidos recibe instrucción”

“Según informes del Servicio Penitenciario elaborados en enero pasado, de un total de 5.971 detenidos el 90,6 por ciento recibe educación formal y no formal”, afirma el ministro de Justicia, Luis Angulo.

Sin minimizar la importancia de la escolarización formal –abarca escuela primaria y secundaria, educación terciaria, universitaria y técnica–, Angulo señala que la vinculación entre la oferta educativa no formal con la capacitación laboral es uno de los objetivos centrales de su gestión. “En los talleres hemos fortalecido muy fuertemente la actividad productiva porque entendemos que trabajo y capacitación están ligados; en estos ámbitos nosotros hablamos de educación no formal”, dice.

Para ejemplificar, menciona que durante 2010 en pabellones del complejo carcelario de Bouwer se estableció el doble turno de trabajo en muchos talleres, lo que permitió que duplicar la capacidad productiva de la panadería y prácticas como la herrería, carpintería, aeromodelismo, artesanías en chapa, talabartería, tapicería, huerta, porcelana fina, tornería, luminaria, artículos textiles, entre otras. Otro tanto ocurrió en el Establecimiento Penitenciario II (penal de San Martín), donde ahora trabajan en doble turno los talleres de herrería, carpintería, mimbrería, tapicería, taller de mantenimiento, imprenta, fábrica de pastas, y fábrica de pan, por sólo mencionar algunos. “El programa de panadería (en los siete establecimientos carcelarios provinciales) produce 80 mil kilos de pan mensuales”, ilustra el funcionario. A la vez, Angulo remarca una instancia de capacitación en albañilería desarrollada en colaboración con la Universidad Católica de Córdoba. 
Se trata del programa “Sumando destrezas”, a través del cual los internos, junto a arquitectos del Servicio Penitenciario, participaron en tareas de construcción, refacción y reconstrucción de establecimientos carcelarios. De esta manera, se ampliaron y sanearon 30 mil metros cubiertos en distintos penales.

“La primera cárcel semiabierta de mujeres, construida en el predio del ex Crom, se hizo a través de una cooperación con el Conicet que posibilitó capacitar a los presos que trabajaron en las obras”, agrega en el mismo sentido.

Con esto se trata de brindar al detenido herramientas para ganarse la vida una vez que salga a la calle. “Las estadísticas de Córdoba, y probablemente también del resto del país, indican que el 80 por ciento de las personas están privadas de su libertad por delitos contra la propiedad. Sin perjuicio de que puedan existir otros motivos, la exclusión y la falta de oportunidades son factores que llevan al delito. 
Duplicando la capacidad productiva de los talleres estamos dando también calificación profesional”, explica Angulo. Con ello, se busca que los internos desarrollen un oficio que les permita iniciar un proyecto laboral para salir del círculo de la exclusión y el delito. “Hoy –agrega– con una pequeña inversión se puede abrir una panadería familiar o una peluquería, por ejemplo. Por eso tenemos una línea de microcréditos para este tipo de microemprendimientos, otorgada por el ministerio de Desarrollo Social en coordinación con el Patronato del Liberado”.

Sólo las cárceles de Bouwer y Cruz del Eje cuentan con pabellones construidos específicamente para las escuelas, a diferencia del resto de los penales, levantados en una época en donde la enseñanza estaba relegada. Las diferencias edilicias plasman también distintos paradigmas sobre el encierro. 
A medida que gana espacio la concepción de la educación como derecho, crece el desafío de readecuar las instalaciones. 
En el penal de San Martín, construido en 1895, se remodeló –en los últimos años– el corredor principal donde funciona la escuela; en el Establecimiento Penal 6 de Río Cuarto, actualmente se están levantando nuevas plazas de alojamiento y más aulas. Mientras que en el EP 7 de San Francisco se inauguraron aulas y un espacio para biblioteca, obras que ahora se replican en EP 8 de Villa Dolores.

A la vez, Angulo remarca que otro de los objetivos trazados fue instalar la idea del respeto de los derechos humanos. “A pesar de que llevamos 27 años de afianzamiento democrático, si uno hace el cómputo, se encuentra que hemos tenido (durante el siglo pasado) más períodos de gobiernos autoritarios que democráticos. La idea de seguridad está muy arraigada en los servicios penitenciarios; nuestra decisión fue llegar a un equilibrio entre el valor de la seguridad y el valor de los derechos humanos, para superar la tensión que durante muchos años hubo entre ambos”. “Por eso planteamos –continua el funcionario schiarettista– una política de apertura de las cárceles a los organismos de derechos humanos. Y apostamos a la formación, también en derechos humanos, de guardiacárceles, empleados y personal jerárquico del Servicio Penitenciario, docentes y los propios detenidos, en el marco de un convenio entre los ministerios de Educación y Justicia y la Universidad Nacional de Córdoba. Fue una experiencia muy interesante, porque además de los contenidos teóricos se produjo una interrelación activa entre todos los asistentes, entre internos y guardiacárceles, con una participación activa de ambos. La idea fue concientizar sobre la importancia del respeto de los derechos humanos”.

“Las cárceles no deben agravar las condiciones de detención, por el contrario, su tarea es generar posibilidades de resocialización. De ahí que trabajando por la humanización de las prisiones se trabaja por la seguridad, porque de este modo estamos evitando que las personas privadas de la libertad reincidan en el delito”, concluye.

Fuente: hacer click aquí


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