¿Seguriqué?

Mientras Scioli respaldaba en la Legislatura al alcaide mayor Casal, un preso entregaba a la Justicia fotos suyas con uniforme del SPB. Tres detenidos contaron a distintos magistrados que los sacan a robar entre la noche y el alba, con ropa y armas del Servicio, que los desarmaderos funcionan en las propias cárceles, donde también se venden estupefacientes. A quien se niega le violan la mujer o lo asesinan. Fiestas nocturnas con alcohol y prostitutas y tiro al blanco sobre los detenidos.

Por Horacio Verbitsky

El martes 1º Daniel Scioli leyó un excelente discurso ante la Legislatura de Buenos Aires, en el que respaldó a su cuestionado ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense Ricardo Blas Casal. Scioli explicó que no hay contradicción entre seguridad y derechos humanos y ratificó su indeclinable compromiso con el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada. A la misma hora, un detenido en la Unidad 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense sorprendió al fiscal Germán Martínez al quitarse la zapatilla izquierda, donde escondía el chip de un teléfono celular. Allí había seis fotografías del detenido y de otras personas privadas de su libertad en la misma unidad. Todos lucían piezas de uniformes del Servicio Penitenciario Bonaerense, y un video en el que uno de los funcionarios de seguridad entrega un pequeño sobre a uno de los detenidos. El detenido, a quien aquí llamaremos Erre Jota, tiene 32 años y purga una condena por robo. Martínez es el titular de la Unidad Funcional de Instrucción 16 de San Martín, a cargo de estupefacientes.

La denuncia inicial la había hecho el 28 de febrero una tía de Erre Jota, quien contó que su sobrino le había dado el chip para que bajara las imágenes y le había pedido que se lo devolviera en la siguiente visita. Erre Jota contó que temía por su seguridad y la de su familia, ya que en 2008 se negó a matar a un hombre, como le exigían los penitenciarios, y su mujer recibió amenazas que se cumplieron cuando fue violada como advertencia para él. Desde entonces aceptó “realizar los trabajos que ellos me pedían, ya que mi familia se halla constantemente amenazada”. Dijo que el director y el subdirector del penal y el jefe de complejo en ese momento, prefecto mayor Mario Aranda, prefecto Horacio Ruiz e inspector mayor Claudio Molina lo pusieron al frente de un grupo que ya integraban otros detenidos y les señalaron los modelos de autos que debían robar: Peugeot 307 y 405. La excepción fue un Clio 2, para reponer una parte rayada de la carrocería del vehículo del oficial Lavallén. El turno de robar para el Servicio iba de las 23 a las 6 del día siguiente, hora en que las personas decentes que claman por más seguridad se encierran en sus casas para protegerse de los delincuentes. Si no regresaban antes de esa hora se denunciaría la evasión. Para llegar a la salida del penal les suministraban partes de uniformes del Servicio Penitenciario Bonaerense, armas y teléfonos celulares. Una vez en la calle usaban esos teléfonos para llamar a conductores de remises que formaban parte de la combinación. El fiscal le mostró las fotos, impresas desde el CD que había entregado su tía, y Erre Jota reconoció en ellas al oficial penitenciario Guerra, a otros dos detenidos y a sí mismo, todos vestidos con piezas del uniforme oficial: una campera de camuflaje, una gorra, un chaleco antibalas y un escudo protector, con la sigla SPB. Dijo que Guerra les proveía armas, marihuana, pasta base, cocaína y pastillas de Ribotril. El fiscal también recibió el testimonio del detenido que aparecía en la foto con el penitenciario Guerra, a quien llamaremos Ge Be. Dijo que salía a robar para el SPB y que otro preso que se negó, al que llamaban Víctor Murgueño, fue asesinado. Mencionó al actual director, prefecto mayor Raúl Galeano, al jefe de penal Saravia, al de taller Bumarelli y al de contaduría Pozo, aunque no explicitó qué habría hecho cada uno.

–¿Dónde iban a robar? –le preguntó el fiscal.

–Por José León Suárez, Boulogne, San Isidro. Robamos autos modelo 307, 405 y 406.

–¿Y qué hacen con ellos?

–Los llevamos al penal. Ahí hay un taller, donde un grupo de internos que saben de mecánica, manejados por el director y el jefe de penal, los desarman para la venta de autopartes.

Dijo que les pagaban 1000 o 1500 pesos, según los autos y les anotaban concepto favorable en los legajos, imprescindible para aspirar a la libertad anticipada. Contó que salieron cinco o seis veces en lo que va del año y mencionó algunos de los robos: un 405 a pocas cuadras de una panchería en José León Suárez, un Clío 2 cree que en la calle San Lorenzo, llegando a Tres de Febrero, donde hay una pollería. El oficial Lavallén, el jefe de requisa Marresi y el jefe de turno Nicolás Aquesta los llevaban a hablar con el director antes de salir, dijo. También Ge Be contó del turno de 23 a 6 y que les entregaban ropas del Servicio, armas y celulares. Dijo que con uno de ellos Erre Jota lo había filmado con el Oficial al que conoce sólo como Anteojito, quien le entregó drogas a cambio de sus zapatillas.

–¿Es habitual que les entreguen drogas? –quiso saber el fiscal.

–Sí, cualquier oficial se las da –contestó el hombre.

El acta judicial consigna que “como prueba de sus dichos extrae de su boca una bolsita transparente de polietileno. Dice que contiene una piedra de marihuana”. El fiscal la agregó al expediente, debidamente ensobrada y firmada. Ge Be explicó que comenzaron a grabar con los celulares luego de que otro detenido matara al Murgueño, quien “no quería trabajar más para el Servicio”. Contó el robo de un Renault Megane verde una madrugada de la primera quincena de enero, a cuatro cuadras de la Plaza Roca de Villa Ballester, apuntando al hombre que bajó del coche. Dijo que en la UP48 había de diez a quince autos con la patente cambiada, estacionados entre los del personal.

Un tercer detenido pidió hablar con el juez de ejecución que entiende en su legajo, Alejandro David. Dijo que en la primera semana de febrero los oficiales Lavallén, Mohame y Aquesta, le ofrecieron 1500 pesos para salir a robar. Aceptó y esa noche lo buscaron en su celda, lo vistieron con indumentaria del Servicio Penitenciario, lo sacaron del penal por la puerta trasera en un automóvil Fiat Palio de color plateado. Le señalaron una casa donde había un auto Renault Kangoo de color bordó, para que lo robara. Pero en cuanto intentó saltar el portón de entrada “se prendieron unas luces y tuvo que salir corriendo hasta el auto del personal del Servicio, que lo estaban esperando”. De regreso al penal le sacaron el uniforme y lo devolvieron a su celda. Declaró que su familia tenía una foto suya con el atuendo del Servicio y que “los autos que se roban, entran al sector de Talleres de la Unidad, que funciona como desarmadero”. Agregó que recibía los autos el jefe de talleres Edgardo Gumarelli, quien hace 15 días fue ascendido a Jefe del Penal. “Siempre se trabajó en connivencia con Galeano, el Director de la Unidad, y Ruiz, el Subdirector”. Además, le solicitó al juez David que comprobara los golpes en la cabeza y en la espalda y los cortes en el abdomen, provocados por agentes penitenciarios debido a un no expresado “problema interno” del Servicio.

Los universitarios

A fines de noviembre de 2010 el Secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín, Juan Manuel Casolati, presentó un hábeas corpus a favor de un grupo de detenidos en la misma Unidad 48 pero en el sector denominado de régimen abierto, donde se alojan los internos que estudian en la Universidad Nacional de San Martín, quienes habían sido agredidos a tiros por el subalcaide Walter Ontiveros, que estaba borracho. Otros oficiales disuadieron a Ontiveros pero luego amenazaron a los detenidos para que no denunciaran lo sucedido. Casolatti acompañó un escrito de las víctimas. Uno de ellos estaba llevando los residuos hacia los containers de basura cuando Ontiveros lo increpó:

–¡Eh Ñaca, sí, a vos, gato, te hablo, tomate el palo pa dentro negro de mierda, salí la concha de tu madre, te voy a meter un tiro, denunciero!

Era la noche del sábado 20 de noviembre. Según la denuncia, Ontiveros “desenfunda su pistola como puede, dado que se tambaleaba de un lado a otro (casi cayéndose debido a la borrachera), la carga subiendo la escalera del muro perimetral del régimen cerrado y una vez arriba comienza a disparar con su pistola reglamentaria 9mm contra Hache Ce”. Otros estudiantes universitarios se tiraron al piso “ante los disparos que emanaban del arma de guerra del funcionario ebrio”, mientras su blanco “huía corriendo por su vida hacia el sector de alojamiento”. Minutos después Ontiveros se acercó junto a otros penitenciarios y llamó a los jóvenes: “¿Qué onda, queda todo acá o van a denunciar? Ustedes saben que si se denuncia esto tiene vuelto, digo, porque los universitarios acostumbran mandar en cana”. Todos prometieron que no lo harían: en agosto había ocurrido otro ataque a balazos por parte de la misma guardia penitenciaria. Lo denunciaron y desde entonces fueron víctimas de amenazas y agresiones por parte de los funcionarios y de otros internos.

De fiesta

Aquella vez el penitenciario ebrio que “efectuó disparos de fuego a mansalva” fue el guardia Javier Armando Ruiz. Luego el estudiante de sociología Eme Erre fue retirado a punta de escopeta de su celda por penitenciaros que lo intimaron a no denunciar lo sucedido. Los universitarios lo hicieron de todos modos. Uno de ellos, Abelardo Jesús Cabral, fue despertado por el oficial Lavallén, quien lo llevó a Control, “donde se encontraba la Comisión Directiva de la Unidad”. Comenzaron a empujarlo y el subdirector Pantoja le ordenó a Lavallén que “me hincara con una cuchilla tipo carnicero”. Mientras le colocaban la punta afilada en la pierna y el abdomen, el director Aranda y los subdirectores Pantoja y Ruiz le dijeron que parara con las denuncias. De regreso a su celda lo rodearon sus cuatro compañeros, que lo golpearon a puñetazos y con una varilla finita mientras le decían “denunciero y ortiba”. Las heridas fueron filmadas por el secretario de ejecución penal Casolati, quien presentó un hábeas corpus por su vida. Cabral fue el testigo decisivo en la investigación del homicidio del matrimonio de Nancy Nolasco y Angel Marcos. El hombre trabajaba con el senador del PJ provincial José Manuel Molina y entre los condenados hubo policías. Uno de ellos, Hernán Ricardo Argüello, trabaja ahora en la U9 para el Servicio Penitenciario. Otra de las exigencias era que Cabral rectificara su testimonio para beneficiar a Argüello. La semana pasada fue amenazado una vez más, por el oficial Fantosi, quien le gatilló tres veces un arma descargada en la cabeza. Los detenidos en el régimen abierto también revelaron las “fiestas penitenciarias” que se realizan los fines de semana con abundante consumo de alcohol. “Concurren tanto personal masculino como femenino y grupos de prostitutas contratadas por la oficialidad superior del lugar, quienes mencionan que las mismas son procedentes de distintos prostíbulos de la zona y son traídas en las camionetas del SPB, marca Chevrolet, modelo LUV, patentes CYI-239 y ASF-630, que han sido observadas en la puerta del prostíbulo sito frente al Policlínico local”.

La negación

Ni la fiscalía ni el juzgado aceptaron informar sobre el resultado de estas actuaciones. El único que respondió a la consulta para este artículo fue el secretario general de la Fiscalía de Cámara, Alejandro Porthé. Su llamativa respuesta fue que sólo hay un video con una filmación muy precaria de un diálogo entre el detenido Erre Jota y un penitenciario de bajo rango, del que “se deduciría” que el agente le ofrece tres porros a cambio de una campera. La denuncia es remitida al fiscal Raúl Germán Martínez al juez Nicolás Schiavo, titular del Juzgado de Garantías N 5 de San Martín, quien ordenó un allanamiento en la unidad y otro en la casa del agente penitenciario, “de los cuales no surge ninguna prueba”. Según Porthé no hay fotos ni se confirmó la versión que “en un principio llegó a la fiscalía de que aparecería el detenido con ropas del Servicio Penitenciario Bonaerense. Fue sólo una versión que no se desprende del material de prueba”. Todo lo contrario: las fotos están entre las fojas 10 y 14 de la Investigación Penal Preparatoria 15-00-007158-11, y el CD del que provienen, en las fojas 7 y 8. Una fuente próxima a Schiavo dijo que el detenido denunció “un sin fin de delitos”, pero que el juez se limitó a cumplir las medidas solicitadas por el fiscal Martínez en relación a ingreso de droga al penal, con allanamientos que dieron resultado negativo. Es decir que se ignoró la gravísima denuncia sobre el robo y desarmado de autos. El allanamiento se limitó a la UP 48 y no se extendió a las unidades 46 y 47, que forman parte del mismo complejo, en Camino del Buen Ayre y Camino De Benedetti, en José León Suárez. Fueron concebidas como alcaidías, se construyeron sobre el basural del CEAMSE por lo que el agua está contaminada y se inauguraron hace cuatro años. Schiavo es el juez que investiga los asesinatos de José León Suárez en la villa De la Cárcova, donde su desempeño hasta ahora ha sido correcto. En 2008 fue satanizado por haber concedido la prisión domiciliaria con control satelital a un detenido que salió de su casa y mató a cuatro personas, en Los Cardales. Aunque se demostró que su decisión era legítima y que la falla estuvo en el sistema de control porque el detenido se sacó la pulsera y el Departamento de Monitoreo Electrónico no lo informó, Casal promovió su juicio político, que no prosperó porque ni la Procuración General ni la Comisión Bicameral lo acusaron. Pero el caso fue utilizado para restringir la prisión domiciliaria y las excarcelaciones y también sirvió para ablandar al juez.

FUENTE: PÁGINA 12

A los tiros

Por Horacio Verbitsky

El alcaide mayor Casal se retractó de las afirmaciones ofensivas contra la Comisión Provincial por la Memoria, copresidida por Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, mediante el simple recurso de desmentir a la fuente. El 7 de febrero, el diario Clarín, con acceso franco a su despacho, había atribuido al ministro expresiones despectivas hacia el autor de esta nota y hacia la Comisión, porque “le damos 10 millones por año y encima nos pega”. Este diario las reprodujo al día siguiente. La Comisión declaró que Casal “ha tratado de confundir a la opinión pública con sus dichos falaces”. Agregó que esas declaraciones “muestran su propia ideología, su concepción del poder y la pretensión de manejar los fondos públicos como si fueran propios. El ministro Casal cree que si una institución tiene asignados fondos públicos debe disciplinar su comportamiento a los deseos del gobierno. La obsecuencia y la sumisión parece ser la regla vertical que rige su gestión. Malversando fondos podrá comprar otros silencios”. Según la Comisión, la “colérica reacción del ministro se da porque no acepta que una institución representativa y plural sea tan intransigente en la lucha por la vigencia de los derechos humanos de todos y todas, que la CPM haya denunciado los pactos con la corporación uniformada, y que haya demostrado que la demagogia punitiva y la autonomía policial no sólo son contrarias al estado de derecho sino un fracaso respecto a la seguridad de los vecinos de la provincia, mientras ocultan la vigencia de nichos de corrupción y redes delictivas donde participan policías, hasta reclutando menores para delinquir”. Además, pidió a Scioli que solicitara la retractación de Casal de sus “procaces manifestaciones publicadas. La CPM merece ese mínimo acto reparador ante la afrenta ocasionada a nuestra institución y sus miembros”. Casal remitió una nota a la Comisión, en la cual afirma que “jamás me he expresado en el sentido que reflejan la notas publicadas por los diarios Clarín y Página/12 los días 7 y 8 de febrero respectivamente, por lo que desmiento en forma categórica el contenido de las mismas en todo cuanto pretenden reflejar manifestaciones o dichos de quien suscribe”. Luego declaró su respeto por la Comisión, que decidió exhortar a Casal a dar publicidad a esa carta en la que dice que no dijo lo que dicen que dijo. Pero hasta ahora no hubo respuesta. La nota de disculpas fue llevada a la sede de la Comisión por un funcionario vestido de civil. Dijo que debía entregarla en mano. Mientras la empleada que lo atendió le explicaba que los copresidentes no estaban sonaron fuertes disparos, que alarmaron a quienes esperaban en la recepción, salvo al comisionado de Casal. Con toda tranquilidad sacó su teléfono del bolsillo y contestó el llamado. Los disparos eran el ringtone de su teléfono.

FUENTE: PÁGINA 12

El Difamau

El ministro Casal me atribuyó haberlo difamado por afirmar que actuó en seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense. Copias de su legajo fueron distribuidas durante la campaña electoral de 2009 por Francisco De Narváez y fuentes oficiales confirmaron su autenticidad. Según mi nota “Atando cabos”, del 27 de junio pasado, ingresó como guardia, en 1978 fue ascendido a cabo y desde 1980 fue adjuntor. En 1981, la resolución III Nº 787/81 lo convirtió en subalcaide del escalafón técnico y profesional, es decir personal superior con rango de oficial. Recién pidió su baja como penitenciario en 1992, con el grado de alcaide mayor. La nota incluía el descargo de Casal: “Sostiene que nunca cumplió tareas de guardiacárcel y que pasó esos años en dependencias administrativas, a cargo de la liquidación de sueldos, mientras realizaba sus estudios de abogacía”. También decía que su nombre no fue mencionado en las audiencias del juicio por los crímenes cometidos en la cárcel de La Plata durante la dictadura militar por sus compañeros de entonces. También narré que en 1992 la revista del Servicio homenajeó a su jefe durante la dictadura, el coronel del Ejército Fernando Aníbal Guillén, cuando Casal era asesor del Subsecretario de Justicia, su socio Joaquín Da Rocha. Decía que el periodo de Guillén fue “de transformación institucional para el organismo penitenciario provincial, exteriorizado en un crecimiento material cuantitativo, pero fundamentalmente en superación y evolución cualitativa de la institución. Y mucho de ello es mérito del desaparecido ex jefe del Servicio”. La insistencia de Casal y los medios que le responden por utilizarme para politizar cualquier debate sobre su gestión, presentado como una inexistente confrontación con el gobierno nacional, del que no formo parte, sólo procura ocultar lo inocultable: incremento del 50 por ciento de homicidios dolosos (884 cuando asumió, en 2007, 564 sólo en el primer semestre de 2010, según datos oficiales de la Procuración General Bonaerense), escalada de asesinatos por la espalda de chicos de los barrios pobres reclutados por la policía para robar, desaparición de varios de ellos, como Luciano Arruga, violaciones masivas de derechos humanos en las cárceles, fugas de peligrosos delincuentes alojados en comisarías, conversión del SPB en una organización criminal dedicada al robo, desguace y venta de autos y al tráfico de estupefacientes, mientras uno de sus hombres conduce por primera vez en la historia la Justicia y la Seguridad.

FUENTE: PÁGINA 12

 

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