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“El 90% de los detenidos recibe instrucción”

“Según informes del Servicio Penitenciario elaborados en enero pasado, de un total de 5.971 detenidos el 90,6 por ciento recibe educación formal y no formal”, afirma el ministro de Justicia, Luis Angulo.

Sin minimizar la importancia de la escolarización formal –abarca escuela primaria y secundaria, educación terciaria, universitaria y técnica–, Angulo señala que la vinculación entre la oferta educativa no formal con la capacitación laboral es uno de los objetivos centrales de su gestión. “En los talleres hemos fortalecido muy fuertemente la actividad productiva porque entendemos que trabajo y capacitación están ligados; en estos ámbitos nosotros hablamos de educación no formal”, dice.

Para ejemplificar, menciona que durante 2010 en pabellones del complejo carcelario de Bouwer se estableció el doble turno de trabajo en muchos talleres, lo que permitió que duplicar la capacidad productiva de la panadería y prácticas como la herrería, carpintería, aeromodelismo, artesanías en chapa, talabartería, tapicería, huerta, porcelana fina, tornería, luminaria, artículos textiles, entre otras. Otro tanto ocurrió en el Establecimiento Penitenciario II (penal de San Martín), donde ahora trabajan en doble turno los talleres de herrería, carpintería, mimbrería, tapicería, taller de mantenimiento, imprenta, fábrica de pastas, y fábrica de pan, por sólo mencionar algunos. “El programa de panadería (en los siete establecimientos carcelarios provinciales) produce 80 mil kilos de pan mensuales”, ilustra el funcionario. A la vez, Angulo remarca una instancia de capacitación en albañilería desarrollada en colaboración con la Universidad Católica de Córdoba. 
Se trata del programa “Sumando destrezas”, a través del cual los internos, junto a arquitectos del Servicio Penitenciario, participaron en tareas de construcción, refacción y reconstrucción de establecimientos carcelarios. De esta manera, se ampliaron y sanearon 30 mil metros cubiertos en distintos penales.

“La primera cárcel semiabierta de mujeres, construida en el predio del ex Crom, se hizo a través de una cooperación con el Conicet que posibilitó capacitar a los presos que trabajaron en las obras”, agrega en el mismo sentido.

Con esto se trata de brindar al detenido herramientas para ganarse la vida una vez que salga a la calle. “Las estadísticas de Córdoba, y probablemente también del resto del país, indican que el 80 por ciento de las personas están privadas de su libertad por delitos contra la propiedad. Sin perjuicio de que puedan existir otros motivos, la exclusión y la falta de oportunidades son factores que llevan al delito. 
Duplicando la capacidad productiva de los talleres estamos dando también calificación profesional”, explica Angulo. Con ello, se busca que los internos desarrollen un oficio que les permita iniciar un proyecto laboral para salir del círculo de la exclusión y el delito. “Hoy –agrega– con una pequeña inversión se puede abrir una panadería familiar o una peluquería, por ejemplo. Por eso tenemos una línea de microcréditos para este tipo de microemprendimientos, otorgada por el ministerio de Desarrollo Social en coordinación con el Patronato del Liberado”.

Sólo las cárceles de Bouwer y Cruz del Eje cuentan con pabellones construidos específicamente para las escuelas, a diferencia del resto de los penales, levantados en una época en donde la enseñanza estaba relegada. Las diferencias edilicias plasman también distintos paradigmas sobre el encierro. 
A medida que gana espacio la concepción de la educación como derecho, crece el desafío de readecuar las instalaciones. 
En el penal de San Martín, construido en 1895, se remodeló –en los últimos años– el corredor principal donde funciona la escuela; en el Establecimiento Penal 6 de Río Cuarto, actualmente se están levantando nuevas plazas de alojamiento y más aulas. Mientras que en el EP 7 de San Francisco se inauguraron aulas y un espacio para biblioteca, obras que ahora se replican en EP 8 de Villa Dolores.

A la vez, Angulo remarca que otro de los objetivos trazados fue instalar la idea del respeto de los derechos humanos. “A pesar de que llevamos 27 años de afianzamiento democrático, si uno hace el cómputo, se encuentra que hemos tenido (durante el siglo pasado) más períodos de gobiernos autoritarios que democráticos. La idea de seguridad está muy arraigada en los servicios penitenciarios; nuestra decisión fue llegar a un equilibrio entre el valor de la seguridad y el valor de los derechos humanos, para superar la tensión que durante muchos años hubo entre ambos”. “Por eso planteamos –continua el funcionario schiarettista– una política de apertura de las cárceles a los organismos de derechos humanos. Y apostamos a la formación, también en derechos humanos, de guardiacárceles, empleados y personal jerárquico del Servicio Penitenciario, docentes y los propios detenidos, en el marco de un convenio entre los ministerios de Educación y Justicia y la Universidad Nacional de Córdoba. Fue una experiencia muy interesante, porque además de los contenidos teóricos se produjo una interrelación activa entre todos los asistentes, entre internos y guardiacárceles, con una participación activa de ambos. La idea fue concientizar sobre la importancia del respeto de los derechos humanos”.

“Las cárceles no deben agravar las condiciones de detención, por el contrario, su tarea es generar posibilidades de resocialización. De ahí que trabajando por la humanización de las prisiones se trabaja por la seguridad, porque de este modo estamos evitando que las personas privadas de la libertad reincidan en el delito”, concluye.

FUENTE: LA VOZ

Datos que “hablan”: el 60% de los nuevos penitenciarios ingresan sin el secundario

Profesionalizar la fuerza”. Esa es una de las consignas repetidas cuando se habla del servicio penitenciario, especialmente luego de las denuncias por torturas que pusieron otra vez en primer plano a las cárceles de Mendoza.

A la par que esto sucede, como si fuera una contrapartida, avanza en la Legislatura el proyecto de creación de la figura del Defensor Penitenciario y el mecanismo provincial de Prevención de la Tortura.

Pero en cuanto a la idea de levantar el nivel profesional de los nuevos custodios por ahora es un deseo difícil de concretar. La mayoría de los agentes penitenciarios que ingresan, lo hacen de manera “condicional” porque no tienen los estudios obligatorios terminados. A principios de este año se incorporaron 190 agentes como personal de tropa para el cuerpo de seguridad de la penitenciaría. Pero 125 de esos agentes no cumplen con los requisitos por no tener el secundario aprobado. Por eso, fueron contratados de manera condicional y en un período de dos años deben rendir ese nivel educativo, si no quedan fuera.

Los agentes entraron haciendo uso de una excepción a la ley aprobada en 2008 (y luego prorrogada) por la cual se flexibilizaron las exigencias para ser agente penitenciario, debido a la falta de postulantes. “Los aspirantes podrán ingresar sin tener titulo de ciclo polimodal,  secundario o equivalente”, dice la enmienda de la ley. Pero la excepcionalidad tenía un plazo de dos años.

Desde el Ministerio de Gobierno ratifican el dato, en cuanto a que la mayor parte de los aspirantes vienen sin los estudios concluidos. Pero afirman que ninguno será ratificado en su cargo si, luego de cumplido el plazo, no aprobaron el secundario.

Igualmente explican que la intención del Gobierno es “cambiar el concepto” de los agentes. “Queremos cambiar la formación para generar operadores del sistema penitenciario. Es un proceso lento, que no es fácil. Pero ya hemos incorporado contenidos que van en ese sentido”, explicó Carlos Quiroga Nanclares, subsecretario de Justicia.

El gran problema, admiten, es que es muy difícil conseguir aspirantes. Lo mismo pasa con los profesionales que se buscan para el servicio penitenciario. La promesa del Gobierno es tener lista a fin de año la Escuela Penitenciaria, de donde, estiman, surgirán los futuros  operadores.

FUENTE: mendoza para todos

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