Las cárceles se llenan con pobres y jóvenes

Cuando se toma un grupo social como chivo expiatorio se lo responsabiliza de los fracasos del colectivo. Se canalizan sobre él los valores peyorativos que circulan en la sociedad.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni sostiene que “la criminalidad es un fenómeno que atraviesa todas las capas sociales” y declaró que la relación entre criminalidad y marginalidad social “no es absolutamente directa”. Sin embargo, de modo paradójico, Elías Carranza, experto en prevención del delito que trabaja en la ONU sostiene que a las cárceles llegan “solamente, o casi solamente, personas de clase baja. El porcentaje de pobres en cárceles es casi del cien por ciento”.

Ahora bien, ¿por qué el sistema penal selecciona a ciertos sujetos y no a otros?

Por un lado, la selectividad penal afecta directamente a las personas con carencias (sean de recursos económicos, intelectuales, de capacidad laboral), porque el sistema de detención se aboca a los casos más fáciles. Por otro lado, porque en el imaginario colectivo circulan discursos que asocian el delito, el mal, lo perverso al “pobre”, y se ensaña con esta figura en particular si es “joven”.

En el mismo sentido, para Zaffaroni, en la Argentina se estigmatiza y criminaliza a un grupo social “que normalmente son los adolescentes y jóvenes de barrios precarios de toda nuestra región”.

Para ejemplificarlo, los medios masivos de comunicación nos muestran un chico que cometió un delito grave. Ese hecho lo reiteran en distintos horarios y en distintos soportes, amplificando así el fenómeno e instalándolo en nuestra agenda. Paralelamente, nos dan un testimonio pormenorizado de las víctimas y de sus familiares. Luego nos muestran en la otra imagen un joven tomando cerveza en la esquina. Este es igual, son ellos. Es como si nos dijeran, este todavía no lo hizo pero lo va a hacer.

En ese sentido, el juez de la Corte Suprema entiende que no se trata de un fenómeno local, considera que hay una criminología mediática mundial que baja de los Estados Unidos y se expande por el mundo con una exaltación de la venganza. Dicho fenómeno toma como chivo expiatorio a un grupo social: en los Estados Unidos son los negros; en Europa son los inmigrantes, los turcos en Alemania o los islámicos en Francia. En la Argentina se vive con miedo de los jóvenes de los barrios humildes.

Cuando se toma un grupo social como chivo expiatorio se lo responsabiliza de los fracasos del colectivo. Se canalizan sobre él los valores peyorativos que circulan en la sociedad, es decir se hace depositario de los aspectos negativos y atemorizantes.

El sociólogo Carlos Belvedere define esta situación despreciativa como “discriminación social”. La caracteriza como la exclusión social legitimada y/o institucionalizada basada en un estereotipo que naturaliza una identidad social mediante la sutura en torno a rasgos particulares, a los cuales se les adscriben dogmáticamente como indisociables características negativas que no le son necesarias.

En ese sentido, en los grandes medios de comunicación circulan discursos que amplifican desproporcionadamente los incidentes que tuvieron a menores de barrios humildes como protagonistas. Paralelamente, asocian la violencia, el delito y el consumo de drogas a la identidad de los jóvenes pobres. En definitiva, se refuerza el miedo y la exclusión de este sector social.

Este contexto es funcional a respuestas simplistas que atraviesan una parte importante de la opinión pública. Frente al miedo, aparece el aumento del control y de las detenciones como única respuesta.

Sin embargo, el encierro no genera soluciones, muchas veces genera más violencia. En el país, esta lectura simplista de la realidad empujó el debate sobre la supuesta necesidad de bajar la edad de imputabilidad con el objetivo de profundizar la prisionalización de los menores que cometen delitos. Es decir, frente al miedo a los jóvenes pobres la respuesta seguía siendo intentar aumentar las detenciones.

No existe, sin embargo, una relación entre la baja de edad de imputabilidad y la reducción del delito. Según un estudio de la Organización Panamericana de la Salud en El Salvador y en Brasil la edad de imputabilidad es a partir de los 12 años y la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes es de 43,4 y 31 respectivamente. Mientras que en Argentina los chicos pueden ser condenados a partir de los 16 años y la tasa es del 6,8.

En este contexto cabe preguntarse, ¿por qué este miedo específico a los jóvenes pobres? ¿Es racional la sensación de amenaza constante de un sector social? Si nuestra percepción de la realidad tuviera una relación directa con los números estadísticos tendríamos que tener pánico a cruzar la calle, ya que según la Fundación Luchemos por la Vida en 2008 murieron 8205 personas en accidentes de tránsito en la Argentina, mientras que hubo 2305 homicidios dolosos en el mismo año.

Es decir que en términos racionales tendríamos que tener cuatro veces más miedo a morir atropellados que a ser víctimas de un asesinato. También si los medios de comunicación sólo reflejaran la realidad tendríamos que tener cuatro veces más noticias de los accidentes de tránsito que de asesinatos. Pero no, la cobertura mediática no se agota en cubrir cualquier noticia morbosa. No se reflejan mecánicamente los números de las víctimas fatales. Hay una espectacularidad que está acentuada en la idea de los jóvenes peligrosos.

En ese sentido, como profesionales de la comunicación, sí debemos cubrir y analizar la problemática de seguridad hay que intentar evitar reproducir mecánicamente los discursos que circulan que exaltan el miedo. Una sociedad atemorizada y con amplios niveles de estigmatización es una combinación peligrosa, en particular para los jóvenes de los sectores más vulnerables.

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