Un juez clausuró el centro de recepción de menores de 63, 2 y 3

La Justicia platense resolvió la clausura del centro de recepción de menores de calle 63 entre 2 y 3 como centro de alojamiento “permanente”, por no cumplir con los estándares de detención adecuados para niños y jóvenes que establece la normativa internacional, conforme fue denunciado por la Defensoría n° 16 a cargo de Julián Axat.
La medida fue resuelta ayer por el juez de Garantías del joven n° 1 de La Plata, Fabián Cacivio, disponiendo que en adelante el Poder Ejecutivo provincial debe “abstenerse de alojar jóvenes en el citado lugar”.
También dispuso que los menores “sólo podrán estar en tránsito por un lapso de 12 horas como máximo, hasta que la Justicia defina su situación procesal”.
En la parte dispositiva de la resolución a la que Trama Urbana tuvo acceso, el magistrado declaró “admisible la acción de hábeas corpus interpuesta por el defensor Axat, con relación al carácter colectivo de la pretensión”.
Cacivio también hizo lugar al hábeas corpus de carácter colectivo correctivo, “debiendo el señor subsecretario de Niñez y Adolescencia elaborar un plan de acción concreto, realista y efectivo que contemple la adopción de un conjunto de medidas que permitan terminar con la excesiva población que aloja el centro de recepción de La Plata, la cual resulta inadecuada atento a las deficientes condiciones edilicias y de infraestructura imperantes”.
Según subrayó el juez, este dictamen es a los fines de “eliminar las situaciones de ilegalidad antes que generan agravamiento de las condiciones de detención de los jóvenes allí alojados”.
“Hasta tanto pueda ser producido ese informe, cuyo plazo es de 3 meses desde notificada la presente resolución, corresponde disponer que el centro de recepción de La Plata se abstenga de realizar nuevos alojamientos de jóvenes que exceda el tiempo de lo necesario y razonable para su evaluación y posterior derivación”, enfatizó el juez de Garantías del fuero minoril.
Asimismo, el magistrado “encomendó” al “gobernador de la provincia de Buenos Aires tenga a bien arbitrar las medidas necesarias para proveer a la urgente conclusión de las obras iniciadas en el predio de calles 63, 2 y 3, como institución perteneciente al sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”.
En el recurso de hábeas corpus el defensor Axat había planteado una extrema situación de superpoblación, colchones en el piso, encierros más prolongados de lo que disponen las disposiciones, poco tiempo de recreación, falta de luz en las celdas, presencia de chicos de 15 o 16 años junto a otros de 17 y 18, y problemas sanitarios sin mecanismos para atenderlos.
En esa presentación, además, el defensor oficial tuvo como detonante el abuso que uno de los chicos, recientemente ingresados, sufrió de parte de otros jóvenes mientras se duchaban.
Axat vinculó ese episodio con las condiciones generales de encierro, que tienden, además, según su criterio, a una reincidencia en las conductas que los llevaron al encierro.
El agravante al que hace referencia Axat es la persistencia de una situación que ha sido denunciada varias veces, y que tiene como antecedentes una cantidad de recursos similares.
Recordó, puntualmente, un detallado informe de la Comisión Provincial por la Memoria, de abril de 2008; y una afirmación que por entonces emitió el juez de menores, Horacio Fabián Cacivio, quien calificó a esa institución como una “Guantánamo de menores”.

El alerta fue hace más de un año

La clausura dispuesta ayer por el juez Cacivio se produjo pocos días después de que Trama Urbana diera a conocer un informe reservado de la Corte que estaba circulando en Tribunales, en el cual se detallaba la ”precariedad” existente en centros de menores, en términos de “superpoblación” y “falta de personal especializado”.
Ese informe ya había sido elevado el 19 de octubre de 2010 a la procuradora María del Carmen Falbo y a los ministros de la Suprema Corte. El documento, que fue producido por una comisión creada en el ámbito de la secretaría del máximo tribunal para evaluar el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, advirtió sobre la precariedad del sistema y marcó una serie de deficiencias que, un año después, se repiten en los distintos pedidos de hábeas corpus planteados por defensores de menores y organismos de derechos humanos en favor de los chicos alojados en institutos y centros de recepción. “Precariedad edilicia“, “problemas de alojamiento”, “falta de actividades recreativas y educativas”, “falta de personal especializado, instalaciones y programas para el tratamiento de adicciones”, “superpoblación”, y convivencia de internos de distintas edades y con diferentes situaciones procesales son los apartados que se destacan en el diagnóstico y en los reclamos posteriores.

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