Brasil hace de sus prisiones unas ‘escuelas del crimen’

El sistema penitenciario brasileño sigue al borde del colapso. En 2006, Brasil aprobó una Ley Antidroga que pretendía sustituir la cárcel por penas alternativas para los delitos menores con el objetivo principal de aliviar el hacinamiento de las prisiones.

Sin embargo, el número de encarcelados por delitos relacionados con las drogas, que supone un 22% del total, se disparó desde entonces: de 39.700 presos en 2006 a 86.591 en 2010, esto es, un aumento del 118%, según el Departamento Penitenciario Nacional (Depen).

¿Cómo es posible? La ley apuntaba que los portadores de drogas ilícitas para consumo personal prestarían servicios a la comunidad y asistirían a cursos educativos. El problema es que la norma dejaba un amplio margen de discrecionalidad a los jueces, al no establecer, como ocurre en España, a partir de qué cantidad se considera tráfico y no consumo personal.

En la práctica, los jueces brasileños, mayoritariamente conservadores y poco amigos de las penas alternativas, siguen tratando a los usuarios de drogas como traficantes, hasta el punto de que el Gobierno ha reconocido que la ley no se está aplicando correctamente y, según la Folhade São Paulo, ha anunciado que impartirá cursos a 15.000 magistrados y promotores.

Además, al mismo tiempo, la pena mínima por tráfico aumentaba de tres a cinco años, lo que, sumado al auge del narcotráfico en el último lustro, provocó el incremento exponencial de los presos por este tipo de delitos. Y llueve sobre mojado.

La mafia del PCC creció alentada por la situación de los presos de São Paulo

Sólo detrás de China y EEUU

Con casi 500.000 presos, Brasil (un país de 190 millones de habitantes) tiene hoy la tercera mayor población carcelaria del mundo, por detrás sólo de China y Estados Unidos. El número de reos aumentó extraordinariamente desde 1990 (un 450% en 20 años). Y, como las cárceles no crecieron al mismo ritmo, existe en la actualidad un déficit de 200.000 plazas.

En la actualidad, según datos del Depen, hay en Brasil un 65% más de presos que de plazas en las cárceles. Para colmo, se calcula que unos 20.000 reos deberían estar ya en libertad, pero permanecen en prisión por la lentitud del sistema judicial.

El resultado es una situación de hacinamiento que alimenta la violencia y los abusos y que fomenta motines y fugas. “Las prisiones brasileñas se caracterizan por el terror, las torturas, los malos tratos y otras brutales violaciones de los derechos humanos”, según Givanildo Manuel, miembro de la asociación de derechos humanos Tribunal Popular.

La ONU le daba la razón el año pasado cuando denunciaba las torturas y el hacinamiento en las prisiones brasileñas y señalaba la existencia de detenidos en lugares irregulares. Se estima quemás de 50.000 reos están recluidos en comisarías que carecen de unas mínimas infraestructuras para cumplir esa función.

Crimen organizado

No es únicamente una cuestión de derechos humanos. La degradación de las condiciones de vida en las prisiones ha contribuido a convertir las cárceles en una eficaz escuela del crimen que transforma a un sujeto cualquiera, que cumple condena por posesión de estupefacientes o por un delito menor contra el patrimonio, en un verdadero criminal.

De ahí que Brasil tenga un altísimo índice de reincidencia (el 70%, según el Depen) y que el crimen organizado se haya hecho fuerte dentro de las cárceles, donde se yerguen como protectores de los reos en la reivindicación de mejoras. El Primeiro Comando da Capital (PCC), la mayor organización criminal del estado de São Paulo, es el mejor ejemplo de ello.

Proyectadas para 300.000 reclusos, las cárceles albergan a casi 500.000

Surgió en los comienzos de los años noventa, tras la masacre de Carandiru, cuando más de cien personas murieron en la brutal represión de un motín. El PCC, bajo el lema “Justicia y libertad”, y con la inestimable ayuda de los funcionarios corruptos, abanderó la causa de la mejora de la situación de los presos y de sus familiares, que se veían sometidos a humillantes revisiones en cada visita. Hoy, el PCC monopoliza los segmentos más lucrativos de la delincuencia en el estado más rico de Brasil.

Los expertos cuestionan el uso abusivo de la privación de libertad desde tiempos de Michel Foucault. “Cuesta caro mantener a los presos, un dinero que podría usarse para desarrollar programas alternativos que se han demostrado mucho más eficientes”, subrayaba el abogado Fernando Ponçano Alves da Silva en un seminario organizado por Tribunal Popular, para quien “la prisión debería ser el último recurso, en lugar de utilizarse para encubrir los problemas sociales de Brasil”.

Ponçano pone el dedo en la llaga. La mayor parte de esa inmensa población carcelaria son hombres jóvenes, negros y pobres. La cuestión es si el sistema judicial y penal brasileño pretende ser una vía para la reinserción y la prevención del crimen o, más bien, es el instrumento de los poderosos para mantener a raya a los más desfavorecidos dentro de un sistema económico y social profundamente desigual.

Juárez Cirno dos Santos, doctor en Derecho Penal por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), cree que el brasileño es un “Estado policial” cuya estrategia es “el encarcelamiento en masa de los pobres”. No menos contundente es Bruno Alves de Souza Toledo, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa: “El sistema judicial existe para mantener un modelo social que es elitista, racista, homófobo y profundamente conservador”.

FUENTE

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