Conclusiones IV encuentro de Secretarios y Defensores de Ejecución penal

1)      Las experiencias departamentales de oralización del proceso de resolución de peticiones realizadas en el marco de la ejecución de la pena han resultado ser positivas, garantizándose inmediación y mayor celeridad. Resulta necesario fortalecer las estrategias para exigir la oralidad en la etapa de Ejecución Penal en aquellos departamentos judiciales en los que aún no se utiliza, teniendo en consideración que existen derechos constitucionales y convencionales comprometidos. La oralidad instaurada por la Ley 14.296 resulta plenamente exigible por vincularse con el derecho de los penados a un debido proceso;  al acceso a la justicia efectiva y pronta, lo que compromete cuestiones federales.

2)     Resulta fundamental para las Defensorías contar con peritos psicólogas y asistentes sociales a los fines poder impugnar informes criminológicos y acompañar informes en causas de procesados.

3)     Es necesario comenzar a utilizar el concepto de “progresividad” a los fines de demostrar lo que el Estado no hizo durante el tiempo de prisión e impugnar el concepto de progresividad como elemento objetivo temporal que tenga consecuencias jurídicas en aquellos condenados con conducta pésima o regular.  También se debe cuestionar la legitimidad de los informes criminológicos cuando no se han dado por parte del Estado las herramientas por parte del SPB que define el decreto 2889/04 (art. 27, 28 y 29 ley 12.256) y exige la resolución 2/10 de la Subsecretaría de Política Criminal.

4)     Es necesario incorporar en los pedidos de institutos vinculados con la progresividad peticiones que se han realizado en favor del interno a los fines de demostrar todos los episodios de violación de derechos distintos a la libertad. Para ello es importante estar constantemente informando al juez de lo que sucede en el devenir en detención de la persona.

5)     La Ley 26.695 resulta aplicable en la provincia de Buenos Aires. Resulta fundamental exigir su aplicación inmediata en todos los departamentos judiciales. Las fases de la progresividad a tener en cuenta son las que surgen no sólo de la ley nacional sino también de la ley provincial, siendo fundamental se realicen planteos de inconstitucionalidad del límite de suma de meses (20) en casos concretos.

6)     La categoría del tiempo lineal en prisión debe ser reemplazada por el tiempo existencial, y para ello es fundamental implementar el uso de diferentes categorías de violencia como referencia básica al trato arbitrario (art. 5.2 CA). Es necesario cuantificar la violencia sufrida en prisión para que sea descontada de la condena, refutando la pena con la privación de libertad. Como parámetros a tener en cuenta podemos tomar loe estándares de las reglas mínimas del tratamiento de reclusos (Fallo Verbitsky), los derechos que éstas representan y luego los bienes jurídicos afectados en relación con las normas del  Código Penal. Esto como parte del principio de prohibición de doble punición. Este descuento de pena por tratos arbitrarios en prisión puede solicitarse en el marco de una petición de juicio abreviado; en la cesura de juicio; en ocasión de observarse el cómputo de pena. Resulta factible también solicitar la compensación del castigo propiciado en celda de aislamiento cuando la sanción disciplinaria fue luego anulada por el Juez  competente.  Se puede utilizar como categorización de la cualidad aflictiva de ese trato, tres criterios: severidad (ej: una lesión grave o un hecho de tortura), reiteración o prolongación del maltrato (ej: atención médica negligente o inadecuada o aislamiento constante), trascendencia a la familia a través del trato (ej: traslados).

7)     Resulta importante solicitar morigeraciones y peticiones de libertad también con base en estos argumentos.

8)     En materia de sanciones disciplinarias resulta fundamental garantizar el debido proceso y el asesoramiento de todas las personas privadas de libertad previo a realizar su descargo en el marco del procedimiento disciplinario. Para ello, es necesario que sean los/as defensores/as del departamento judicial en donde la cárcel se ubica, quienes asesoren a los/as detenidos/as al momento del descargo, cualquiera sea el departamento judicial en donde el imputado/a tenga su causa. Luego, es necesario que desde las Defensorías se exija al Servicio Penitenciario la remisión a los jueces pertinentes del legajo disciplinario completo para poder eventualmente recurrir la sanción eventualmente impuesta.

9)      Asimismo, resulta importante cuestionar el Art. 58 de la Ley 14.296 en cuanto a los plazos de caducidad de las sanciones, teniendo en cuenta la desproporcionalidad que encierra el período de 4 años por sanciones graves.

10) En materia de planteos de libertad, ha habido avances en la jurisprudencia del Tribunal de Casación, gracias a los planteos efectuados desde las áreas de Ejecución Penal de la Provincia. Es importante continuar realizando presentaciones para levantar los estándares en materia de libertad. Asimismo, es fundamental plantear la cuestión federal en la primera oportunidad en que es posible plantearla, a los fines de allanar el camino para recurrir ante organismos jurisdiccionales superiores.

11)  Ha existido un aumento de la cantidad de personas con condena, las que en virtud de los procesos de flagrancia se producen de manera más rápida. Asimismo, la parte más extensa del proceso transcurre en la etapa en que las personas están ya con una condena, al menos en primera instancia. Por ello resulta necesario fortalecer las Áreas de Ejecución Penal de las Defensorías, limitando el trabajo de estas últimas a todo lo vinculado con personas privadas de libertad. En este sentido, asignarles tareas tales como el control de suspensiones de proceso a prueba o condenas condicionales debilita el trabajo principal de las Areas de Ejecución.

12) En los departamentos en donde se han nombrado Defensores de Ejecución se ha visto una mejora de la defensa de las personas condenadas (penados y procesados). Una de las estrategias de fortalecimiento de las Áreas de Ejecución Penal es la de asignar defensores oficiales a estas áreas.

13) La realidad de algunos de los departamentos judiciales en donde hay Defensores de Ejecución  indica que son pocos en relación con la cantidad de detenidos representados por dichos defensores. Un defensor de ejecución tiene a cargo entre 300 hasta 3500 condenados. En este sentido, resulta elemental considerar la cantidad de personas detenidas en cada defensoría a los fines de asignar mayor cantidad de recursos humanos a las áreas de ejecución penal y e impulsar una mejor distribución de los mismos, con el fin de garantizar un real acceso a la defensa en juicio de quienes están condenados, con condena firme o en primera instancia.

14) Según los datos relevados en la mayoría de los departamentos judiciales más del 65 % del trabajo total de las defensorías se vincula con el area de ejecución penal. Resulta fundamental realizar estadísticas específicas de las Areas de Ejecución Penal. El simp generalmente no refleja de manera completa la cantidad y calidad del trabajo que se realiza en estas áreas. En este sentido, se necesita reflejar entre otras cosas, 1) la cantidad de personas que se defienden; 2) Cantidad de causas que ingresan para el Area de Ejecución 3) Cantidad de libertades otorgadas; 4) Cantidad de presentaciones de pedidos de institutos vinculados con la ejecución de la pena o atenuación de la coerción/excarcelación 5) Cantidad de hábeas corpus individuales presentados 6) Cantidad de hábeas corpus colectivos/presentaciones de carácter colectivo; 7) Cantidad de llamados telefónicos que se reciben 8) Cantidad de entrevistas con familiares 9) Cantidad de entrevistas a detenidos en Unidad penal 10) Cantidad de asesoramientos en descargos de sanciones disciplinarias;

15) En relación con la temática de mujeres en prisión, se informa de la existencia de un debate en la UP Nº 33 de Los Hornos en relación con la eventual reforma de las normas para el alojamiento de los niños con sus madres en prisión, siendo la propuesta que sólo puedan permanecer hasta los seis meses de vida. En este sentido, resulta fundamental que la Defensa Pública participe de este debate a los fines de evitar cualquier reforma que pueda perjudicar derechos de las mujeres privadas de su libertad y sus hijos, derechos que deben ser analizados de forma conjunta y no dicotómica. Se propone la eventual visita institucional temática a esta dependencia por parte de los Secretarios de Ejecución Penal.

16) Las requisas a familiares de personas privadas de libertad no deben importar un trato degradante para la personas. En este sentido, resulta necesario efectuar planteos para evitar que las requisas sean degradantes, como así también para mejorar el sistema de visitas familiares en cuanto a espacio; demora para el ingreso; registro de mercadería, exigencias de acreditación de vínculos, etc., en aquellas cárceles que presenten este tipo de problemáticas.

17) Resulta fundamental que todos los que forman parte de las áreas de Ejecución Penal intercambien información en relación con las condiciones de detención relevadas en el marco de visitas institucionales, como así también toda aquella información relevante para el área. Se propone generar un espacio virtual en el cual se pueda generar esta socialización.

Mar del plata, 1ero de junio de 2012.

Otro encuentro en Córdoba: JEP, encuentro 2012, conclusiones

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