Los otros presos (Uruguay)

FUENTE: EN CANELONES, SEBASTIÁN CABRERA

 

La radio está encendida, de fondo se escucha una murga. Concentrado, Richard Alvez toma un cuchillo y lo pasa por la piedra de afilar. Acá, en un pequeño galpón que funciona como taller -y donde Alvez trabaja cada día desde las seis y media de la mañana hasta las cinco de la tarde- hay cuchillos por todos lados.

Desde la ventana se ve la cárcel de Canelones, la tercera más grande detrás del Comcar y de Libertad. El taller se encuentra del lado de afuera de la cárcel, aunque Alvez está preso desde hace cuatro años y dos meses. No es un preso cualquiera: él se dedica a hacer, vender y reparar cuchillos. Es herrero y cuchillero, lo fue siempre y lo seguirá siendo. Esta es su vida.

Son las 10 de una calurosa mañana. Hoy Alvez lleva barba de varios días, usa gorra negra, remera negra un poco gastada y con algún agujero. Él está acá en la cárcel de Canelones porque fue protagonista de un homicidio del que no quiere dar detalles. “Por respeto a mis hijos, no puedo decir más nada”, dice y calla.

Busca el número de teléfono de su hija, quien habitualmente recibe los pedidos y hace de nexo con el mundo exterior, pero no lo encuentra. Lo tiene anotado en algún lado, el tema es dónde. Un policía lo ayuda a buscar mientras come tranquilo una galleta. “Mirá, está acá”, le dice el agente y le muestra un papelito.

Alvez, de 39 años, empezó a trabajar seis meses después de haber entrado a la cárcel. Primero era carpidor y, cuando se ganó la confianza de los policías, lo autorizaron a ser ayudante de herrero. “Pero no soldando rejas, ¿eh?”, dice y repetirá el concepto un par de veces. Un preso no hace rejas para una cárcel, que quede claro. “Yo estoy restaurando para que todos estemos mejor”, explica, y se ve que es un tema que le preocupa. Al principio daba una mano con reparaciones vinculadas a la herrería en la escuela de la cárcel, en la panadería y también en el salón de las visitas.

Un día, hace como un año, le dieron el sí, que podía empezar a fabricar cuchillos. Hace poco recibió una donación de Fripur: una buena cantidad de discos de cortar cabezas de pescado, con los cuales hace cuchillos de acero inoxidable de 16 centímetros de hoja. También parte al medio viejos candados de bronce de la cárcel y los usa como material.

Alvez vende el juego de tenedor y cuchillo a 1.500 pesos, porque el suyo es un trabajo de artesano. Ya expuso en el LATU, vende a Manos del Uruguay y recibe encargos de los propios policías. El dinero que gana es para sus hijos y para los materiales. El Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados logró, además, que se constituyera como empresa unipersonal y así aporta al BPS.

Lo feo es que algunos, adentro, lo miran mal. No todos los presos están de acuerdo con que se trabaje y menos si el trabajo es afuera de la cárcel, menos si el trabajo consiste en hacer cuchillos, menos si después los vende a un policía. Alvez mira el piso y reconoce que es complicado, que hay que tener mucha cintura y que algunos lo tratan de alcahuete.

“Así, abiertamente, me tratan de alcahuete”, dice.

Historias como las de Alvez se difunden poco en los medios. Lo que se asocia a las cárceles es un combo de motines, hacinamiento, drogas y narcotráfico. Pero también hay otras realidades.

Hoy, cerca de 35% de los 9.400 presos que hay en Uruguay participa en emprendimientos laborales o estudia. Este porcentaje viene en aumento y el Ministerio del Interior pretende que en 2014 se llegue a casi el 100%, sin contar a los que están en régimen de máxima seguridad. “La persona privada de libertad debe tener derecho a trabajar, si él quiere”, dice Enrique Mesa, coordinador de emprendimientos laborales del Patronato. Pero llegar a eso parece difícil.

Primero, porque hoy no hay posibilidades para todos. Y, segundo, porque sigue habiendo presos que reniegan de estas tareas (o “comisiones”, como se le dice acá). Igual, cada vez son más los que quieren cumplir alguna tarea, no siempre por mantener un hábito de trabajo (algunos nunca lo tuvieron, ni tienen intención de tenerlo) sino porque eso les permite acortar la pena. Trabajan o estudian dos días y les descuentan uno de cárcel. Muchos cobran un sueldo de medio salario mínimo por ocho horas diarias, unos 3.600 pesos.

EL INGRESO. Una “milica” cuarentona y con cara de cansada se queja de las condiciones en las que trabajan cuando paso por el control de ingreso a la cárcel de Canelones. Dice que “estos” (y, con la cabeza, señala para el costado, donde están los módulos) “tienen más derechos que nosotros”. Y torea: “Ponelo, ¿eh? Poné que esto es un desastre, poné que falta gente”.

Otra asiente, pero no dice nada. Solo me pide a mí y al fotógrafo que dejemos las cédulas y los celulares. Pero luego se retracta: “Bueno, los celulares si quieren no, porque ustedes son periodistas”. Eso sí, tenemos que hacernos responsables si algún recluso decide atacarnos y usar nuestros teléfonos.

Un policía nos acompaña y pasamos dos portones. Atrás quedan las garitas de seguridad, los alambrados y las concertinas, esos alambres enrulados y filosos. Con nosotros viene alguien de la Iglesia Universal del Reino de Dios, la de Pare de Sufrir. Un guardia de seguridad, vestido de negro de arriba a abajo, piensa que el pastor, un señor regordete, también es periodista. “No, soy de la Iglesia Universal”, dice él. Y se pierde por uno de los caminos de esta cárcel, cuyo nombre real es Centro de Reclusión número 1 de Canelones y que en agosto pasó a formar parte del Instituto Nacional de Rehabilitación. Acá hay más de 1.100 presos, de los cuales unos 200 trabajan. Son 350 si se suma a los estudian o hacen talleres. Se puede trabajar en la panadería, la cocina, la quinta, en tareas de limpieza y en cuadrillas que salen fuera del recinto. Había una bloquera pero está cerrada por falta de material.

La cárcel tiene un edificio de mediana seguridad, que es donde van, al principio, todos los presos y donde se evalúa cada caso. “Allí a muchos les hacen todas las barbaridades posibles”, cuenta el psicólogo Sebastián Belloso, representante del Patronato en esta cárcel. El sistema no colabora, dice, porque no hay centros clasificados por tipos de delitos. “No es lo mismo matar a 10 con ganas, que cruzar con roja un semáforo”, lamenta.

Si es considerado peligroso, el preso va a los módulos de máxima seguridad, que tienen una parte bajo tierra, donde los reclusos están más tiempo encerrados en celdas pequeñas. Allí es una minoría la que trabaja. Si no es considerado peligroso, el preso va a la zona de barracas, donde se mueve con mayor libertad.

Sigo al guardia, caminamos despacio por un sendero interno al aire libre. A los lados hay presos parados y otros tirados en el piso. Tienen la mirada perdida. Están ahí haciendo nada, viendo pasar las horas. Hay un sector con aguas servidas en el pasto y unas cuantas moscas alrededor. Más allá dos presos se agarran a las piñas. Los que están cerca alientan a uno u otro, según las afinidades.

Debe haber pocas cosas peores a estar preso, a que te saquen la libertad. Así que poder hacer algo productivo acá adentro debería ser imprescindible y obligatorio.

DOS VISIONES. Los que no quieren trabajar siguen siendo la mayoría y consideran “carneros” a los que sí lo hacen, dice Belloso, representante del Patronato en la cárcel de Canelones. “Les dicen que están del lado de la Policía. Porque acá mucha gente toma el delito como un empleo y, si trabajás dentro de una cárcel, estás del lado contrario al delito”, reflexiona el psicólogo.

Pero Belloso dice también que este sistema laboral no es bien visto por muchos policías, porque “ellos durante mucho tiempo preferían tener a los presos tirados, sin hacer nada”. No es el caso, dice, hablando del director de la cárcel de Canelones, Robert Paz: “Vino a revolver el avispero, otros quieren que quede todo quieto”.

Paz, en cambio, dice que la cultura del “abucheo” de los presos hacia sus compañeros que trabajan viene en franco retroceso: “Hoy a la mayoría ya no le rechina”. Antes había que buscar gente que quisiera trabajar en la cárcel, hoy sobran los voluntarios, afirma. Pero, para seguir avanzando, precisa más infraestructura (salones y talleres, por ejemplo) y el doble de personal. Hoy tiene menos de 200 funcionarios.

LA COOPERATIVA. Adentro de la panadería, al fondo del predio carcelario, hace un calor de morirse. Hay cuatro presos vestidos de blanco y llenos de harina. Su turno va desde las seis y media de la mañana hasta las cuatro de la tarde: hacen pizza, medialunas, alfajores, masas, pan dulce y otros productos de confitería que venderán por encargo a gente de la zona y a comercios. En el turno nocturno, desde las siete de la tarde hasta las cuatro de la mañana, otros seis se dedican a hacer 3.800 galletas para consumo interno, es decir, para presos, guardias y para el grupo GEO. También, unos 600 bizcochos y 30 roscas para sacar a la venta el día siguiente a la visita.

La panadería tiene un salón principal con una mesa donde ahora los presos están preparando galletitas de salvado. En un costado está el horno, y en la otra punta la amasadora, el freezer y la sobadora, que afina la masa. Esta es la única cooperativa que hoy existe en una cárcel. Con el apoyo de la Unión Europea y de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, el 16 de diciembre de 2011 se lanzó la Cooperativa Panificadora del Sur (Coopansur). Antes había una panadería más pequeña que se encargaba solo de hacer los panes para el establecimiento.

El pionero es Daniel Solano, de 48 años, quien ya participaba en la etapa anterior de la panadería. Se convirtió en el presidente de la cooperativa y antes de eso fue eligiendo a sus compañeros, con el visto bueno de la dirección de la cárcel. Todos los cooperativistas tienen al menos tres años de reclusión y unos cuantos cumplen pena por homicidio. Pero, tras escuchar sus historias, uno se queda con la idea de que muchos tenían una vida más o menos normal allá afuera, no vinculada necesariamente con la delincuencia, y que -por una razón u otra- terminaron cometiendo un gravísimo error (ver recuadro).

Para cumplir con los requisitos formales de una cooperativa, hay tres miembros afuera, todos familiares. Uno de ellos es Carlos Noble, quien se dedica a vender los productos y a la parte administrativa. Su hijo Marcelo está en la cárcel desde hace seis años y medio por haber participado en un homicidio. “Este es el boom de la reclusión: la primera cooperativa en Uruguay”, dice Noble padre, sonriente y con la frente bastante sudada. Solano, parado a su lado, acota: “Esta es una empresa pero adentro de la cárcel”.

El diálogo se interrumpe. Acaban de salir las galletas de salvado. Son ricas y crocantes. Más tarde convidan con unos alfajores con mucho dulce de leche.

Pero no todo funciona bien. El principal problema es que les falta un vehículo para distribuir la mercadería y también el último paso para la habilitación de Bromatología, lo cual les ha trancado la venta abierta de productos a comercios. En estos días los últimos integrantes de la cooperativa sacarán el carné de salud y de manipulación de alimentos.

Por esas mismas razones, hoy no siempre tienen colocada toda la producción. “A veces hacemos cosas y no sabemos si se venden o no”, dice Marcelo Noble con algo de resignación. Como en todo negocio, está el riesgo de producir de más.

Fabián Rodríguez tiene 37 y ha pasado sus últimos 13 años en Libertad, Comcar, La Tablada y ahora acá. Padre de 11 hijos y con dos nietos, es de los que más sabe del rubro, ya tenía título de confitero y panadero. Está preso por rapiña y copamiento (“no me arrepiento de nada”) pero dice que el delito ya quedó atrás: cuando salga, quiere poner su propia panadería.

Él conoce de fracasos empresariales. En La Tablada inauguró una cooperativa que se dedicaba a panificación, pero no funcionó por mala administración. Dio quiebra. Igual, está feliz con la nueva experiencia laboral: “Acá adentro tenés la mente ocupada, no da el tiempo para pensar en otras cosas”.

DE TODAS PARTES VIENEN. Rumbo a la zona de barracas, pregunto a un funcionario si es verdad que muchos presos usan celulares. “Algunos sí, los ves”, responde. Pero, para no complicarse, los guardias no hace nada y los dejan. Lo contrario sería meterse en un lío. De todos modos, el Ministerio del Interior ha empezado a instalar inhibidores de celulares en la cárcel de Libertad, medida que se extendería a otros centros.

En el camino se ve ropa colgada frente a los módulos. Un preso corre en círculos y tiene puesto solo un calzoncillo rojo, otro hace lo mismo pero vestido. De lejos se escucha una música de capoeira.

Julio Cometivos, un peruano de 37 años lleno de ímpetu, se sorprende cuando llegamos al predio donde está el taller de manualidades. Cometivos es el que manda y enseguida pone a su ejército a trabajar. Todos los respetan: es el jefe, el que sabe. Así, en menos de cinco minutos cuelgan de los alambrados una buena muestra de su trabajo: tapices en lana con motivos muy distintos. Hay de Peñarol y Nacional, del Barcelona, de Lisa Simpson, de Winnie the Pooh, uno con la lengua de los Rolling Stones y otro que representa la Última Cena. También hay uno bien grande vinculada al Bicentenario que fue premiada por el LATU. Un tapiz de tamaño mediano sale 4.500 pesos. Además, hacen chales y bufandas, todo con lana que dona Emaus. Las ganancias se reparten entre los que participan en cada obra.

Esta semana fabrican unos muñecos grandes para el Carnaval, ya que la Dirección de Cárceles participa en desfiles con un carro alegórico. También hacen cajas para alfajores Nativo y Lapataia.

A Cometivos le importa que lo que hacen no sea visto como “mano de obra carcelaria”, sino como productos de calidad. En Lima ya trabajaba con lana, en la cárcel mejoró la técnica y armó en 2007 este taller donde hay varios extranjeros. Esa es su preocupación. Tanto que esto parece la ONU. En la vuelta hay un nigeriano nacionalizado venezolano, un chileno, un italiano y un paraguayo que era mula. Allá viene Javier Atienza, un valenciano de 30 años al que agarraron hace dos años y medio cuando intentaba sacar cocaína desde el aeropuerto de Carrasco.

Dice que era la primera vez que lo hacía, todo por la crisis: le faltaba dinero y se hizo de mula. Lo habían mandado a Argentina, después a Uruguay y cayó en un control rutinario. Y se ríe, todo el tiempo. Pero es una forma de escapar de esta realidad. No quiere que su familia sepa cómo vive acá y dice que las cárceles uruguayas son mucho peores que las españolas. “Es la primera vez que estoy en cana, pero allá es muy diferente”, cuenta en un acento mestizo. Dice que la limpieza y la alimentación es mejor allá, que hay supermercados adentro de las cárceles y, lo más importante, es obligatorio que todos los presos trabajen, salvo en los sitios de máxima seguridad. Cuando salga en menos de un año, volará a España. No aguanta más: quiere ver a su hijo de cinco años.

Unas 15 personas pernoctan en esta barraca y algunos más vienen cada mañana al taller desde otros módulos. Pero hay muchos más que quieren entrar. El peruano muestra la lista de espera y es larga. Luego dice que la mayoría quiere trabajar solo en verano y no en invierno. “Y yo lo que quiero es gente que labure todo el año y que no complique, que no alborote los grillos. Así que el que falta dos veces, se va para afuera”, anuncia.

Él y varios más llevan una cruz colgada y el músico que más escuchan es Vico C, un rapero cristiano de Puerto Rico. Sentados en ronda empiezan a contar sus experiencias. Cometivos dice que lo suyo fue una fatalidad y que, cuando quiso darse cuenta, estaba en una cárcel a miles de kilómetros de Lima. Pero no quiere contar más. “Esto es como estar en el mar: hay que seguir navegando para no hundirse”, dice, sonriente. Después se repiten los testimonios llenos de esperanza, los que cuentan que están felices de estar en este taller.

Hasta que habla Gerardo Iguimarán, un fletero pandense de pelo largo y 46 años, que más tarde se pondría a lagrimear al contar que está preso por un homicidio que dice no haber cometido: el asesinato de alguien que quería robarle el camión frente a su casa. La tónica cambia, los rostros se ponen serios.

“Encerrado nadie está bien”, arranca Iguimarán, preso hace 29 meses. “A cualquiera le cuesta estar acá, nadie lo quiere reconocer. Les gusta decir `estoy bien, viva el rancho y la galleta`”, dice y dispara una risa irónica. Todos lo miran, pero nadie contesta. Él cuenta que hay choques muy seguido porque son 20 personas que están todo el día bajo presión. “Pero si hay que mentir”, dice, “si hay que decir que estamos bien, mentimos”.

1.100

presos hay en la cárcel de Canelones. Pero no debería haber más de 800.

350

reclusos cumplen diferentes tipos de tareas, entre el trabajo, estudio y talleres.

“PODRÍAN AMOTINARSE”

Siempre hay un guardia frente a la panadería de la cárcel de Canelones. A algunos de los miembros de Coopansur, quienes trabajan allí, el juez les negó la libertad transitoria por ser personas supuestamente de alta peligrosidad. Su abogada, Clea Konovalchuk, dice que eso no es así: “Ellos manejan armas blancas y podrían amotinarse”. Pero agrega que están con la cabeza en sacar adelante la cooperativa. Incluso custodian las armas bajo llave, para que no las usen los otros reclusos.

CÓMO VENCER LOS PREJUICIOS

Parte de la producción de la panadería de la cárcel de Canelones, se vende en un carro afuera del predio, que abre los días de visita. Allí sacan unos 2.000 pesos por jornada. También han tenido ventas para cumpleaños y fiestas, de hasta 20.000 pesos. El problema, dice el director de Desarrollo Cooperativo de la intendencia canaria, Carlos Grille, es vencer los prejuicios que hay en la sociedad. “Cuando se ofrece algo que hizo un preso, a veces hay un rechazo social”. El dinero se reinvierte en comprar maquinaria y pagar cuentas. Lo que sobra es para los presos: cada uno saca entre 1.400 y 1.700 pesos al mes, dependiendo del cargo. Lo cobra un familiar.

EN LA PANADERÍA

Tres historias

En la panadería cada uno tiene su historia trágica, esa que lo llevó a la cárcel. A José Vidart le quedan 13 años de prisión. Está acá por culpa del alcohol: mató a alguien en un lío de cantina. Dice que tomó de más y perdió la cabeza. “Fresco no lo hacía, ¿me entendés?”, pregunta.

Daniel Solano, ex chofer de Copsa, está preso desde hace 13 años y cuatro meses por un homicidio, “un tema familiar”, dice. “Estoy acá por problemas circunstanciales de la vida, no es porque fuera habitual al delito”, explica, “mi cabeza siempre estuvo afuera del tejido”.

Marcelo Noble trabajaba de quinchador. Tiene 27 años y está preso por el asesinato del empresario José Luis Pereira Apud en Pando, que tuvo notoriedad en 2006. En aquel momento él vivía en casa de un amigo. Noble dice que esa noche dormía y que, cuando se levantó, vio un desastre: su amigo y otra persona habían matado a Pereira, después de “apretarlo” para robarle. Él admite que los ayudó a deshacerse del cuerpo. “Yo quedé por encubridor”, dice, “por las juntas y por hacerme el rebelde”. El juez le dio coautoría de homicidio muy especialmente agravado: 21 años de pena. Pero hace poco le rebajaron a 15 años y medio. Ya queda menos.

CUADRILLAS A LA CALLE

Desde Salto a Juanicó

El Patronato ha firmado convenios con entes, empresas de la construcción e intendencias para que haya más presos trabajando afuera. Habitualmente los beneficiarios también deben estudiar en la cárcel. Eso es vital para reinsertarse, dice Enrique Mesa, coordinador de emprendimientos laborales del Patronato. “No es lo mismo que estén dos personas encerradas en la pieza todo el día a que vuelvan cansadas después de ocho horas de trabajo”, explica.

Hace poco el Ministerio del Interior y la Intendencia de Montevideo acordaron que 30 presos realicen tareas de limpieza y barrido, publicó Búsqueda. Eso, que ya se hace en el interior, arrancaría en marzo en la capital. También hay cuadrillas cosechando olivas en Maldonado y habrá en la cosecha de naranjas en Salto y la vendimia en Juanicó. Hay cárceles modelo como la de Juan Soler en San José, donde casi el 100% de los presos ya trabaja o estudia.

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