Presentaron una Procuraduría contra la Violencia Institucional

El fiscal Abel Córdoba asumió ayer al frente de la Procuraduría Contra la Violencia Institucional y consideró que con este nuevo organismo “se pone en relevancia uno de los temas más importantes para abordar por parte del Ministerio Público y la decisión política de orientar la política criminal de las fiscalías hacía los Derechos Humanos”.
Córdoba, quien estuvo acompañado por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, adelantó que se está trabajando en el planteo de dos ejes fundamentales: “Las estructuras de encierro y las violencias institucionales que se dan en numerosos sectores, cada caso tiene sus idas y vueltas, hay un equipo probable pero que se irá ajustando en estos días.”
El flamante procurador, quien se venía desempeñando al frente de la Unidad Fiscal de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos en Bahía Blanca, señaló que “es una apuesta jurídica que toma en cuenta los valores afectados en lo que respecta a la integridad de las personas, las personas encerradas de los sectores más vulnerables básicamente”.
Córdoba consideró que la nueva unidad que tendrá a su cargo constituye “una apuesta más que imprescindible, por demás relevante, que sin dudas esperemos que podamos obtener por un lado la eficiencia del Ministerio Público y por otro lado bajar los niveles de impunidad que existen”. También apostó a, “en algún momento, humanizar algunas de las instituciones que tienen funcionamientos violentos hoy en día, como instituciones de encierro y algunas dinámicas que tienen las policiales”.
En ese contexto, el titular de la Procuración contra la Violencia Institucional puso el ejemplo “no sólo de cárceles sino también instituciones donde hay personas encerradas con afecciones en la salud mental, por ejemplo”.
Consultado sobre cómo será la operatividad del nuevo organismo judicial, el fiscal señaló que “hay una primera puesta en marcha que será centralizada en Buenos Aires y luego iremos analizando la situación en diferentes lugares y jurisdicciones para ver cómo podemos articular con los fiscales de cada lugar y los organismos de Derechos Humanos”.
Córdoba sostuvo que, desde su criterio, los funcionarios judiciales deben “tener conocimiento directo de qué ocurre en cada lugar”, y a partir de allí definir “de qué modo abordar las situaciones de, por ejemplo, las cárceles federales a lo largo de todo el país”.
Por su parte, Gils Carbó, jefa de los fiscales e impulsora de la creación de la flamante unidad, aseguró ayer que “las problemáticas que va a abordar esta nueva procuraduría tienen que ver con los centros de salud, ámbitos donde están niños y jóvenes”, y agregó: “Nosotros vamos a apoyar a los fiscales para que haya lo que la sociedad reclama. ¿Cómo se le puede pedir a los sectores vulnerables que respeten la vida cuando no se le puede pedir al Estado?”
Asimismo, la procuradora fue más allá y opinó que “hay una relación un poco promiscua entre el policía y el fiscal que investiga”, al destacar la importancia del rol que va a ocupar este nuevo organismo del Estado. Por último, con respecto a la problemática penitenciaria, señaló que existe “un mapa carcelario donde hay lugares que van a ser prioridad”

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