El juez dela Corte Supremade Justicia Eugenio Zaffaroni sostuvo este martes que el Estado en todos sus niveles debe brindar educación en las cárceles para promover la reinserción social de los detenidos, y abogó en favor de «reducir la autonomía de las policías». Zaffaroni sostuvo que «el panorama penitenciario de América Latina es oscuro», debido a que las estadísticas arrojan que «la privación de la libertad (en la región) es como una pena de muerte o física al azar». El magistrado lo expresó al hablar en el marco de la conferencia internacional «Perspectiva de la situación carcelaria en América Latina y Derechos Humanos» que se llevó a cabo en el auditorio dela Sindicatura Generaldela Nación(SIGEN). Junto al juez dela Cortedisertaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y el director general del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para Prevención del Delito, Elías Carranza.
El titular de la SIGEN, Daniel Reposo; la subsecretaria de Gestión Penitenciaria, Laura Lopresti; y el director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, también estuvieron presentes. Durante su alocución, Zaffaroni también indicó que el sistema penitenciario es sólo un eslabón de una cadena que incluye al sistema penal, a la policía, a los medios de comunicación y a la política.
Con respecto a la prensa, Zaffaroni comentó que en algunos casos «no necesariamente inventan la noticia de un homicidio» pero «bombardean todo el día en el suceso». A esta forma de informar el ministro la calificó como «criminología mediática» y señaló que responde a una manera de gobernar «por medio del miedo».
El magistrado afirmó que «es imposible cambiar la conducta de un preso» pero que el Estado «debe hacer algo para modificar la autopercepción (del interno), para que no haga lo mismo cuando salga». «Esta promoción de cambio en la autopercepción existe en la educación», dijo Zaffaroni, quien aseguró que «la alta inversión en educación y la potencialización de la universidad en el conurbano y algunas provincias permite que se estén incorporando jóvenes que son primera generación de universitarios».
Así, el juez de la Corte sostuvo que los caminos para mejorar la reinserción social de los convictos son «la reducción de la autonomía policial, con la policía de investigación y la judicial» y el «impulso de la educación» en la vida de los presos.
«Además, obviamente, hay que jerarquizar y respetar los derechos laborales de los policías. Ellos tienen que estar bien pagos, también», sostuvo el ministro.
El ministro de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, cuestionó a los dirigentes políticos que «buscan soluciones mágicas» para combatir la inseguridad y desaconsejó la implementación de una mayor autonomía policial porque «pueden llegar a conformar ámbitos de recaudación que pueden emparentarse con el crimen organizado».
Zaffaroni deslizó duros conceptos contra los gobernantes y postulantes a cargos legislativos o ejecutivos que durante sus gestiones administrativas o campañas electorales prometen o aplican «soluciones mágicas» para reducir los niveles de delincuencia.
Según dijo el ministro en la conferencia «Perspectiva de la situación carcelaria en América Latina y Derechos Humanos» desarrollada en el auditorio de la SIGEN, los políticos utilizan como recetas «más leyes penales, más restricción de la excarcelación, mayor autonomías de las policías, y así se revientan las cárceles».
Para Zaffaroni estas políticas publicas «significan mayor aumento de los ámbitos de la recaudación autónoma que disponen las fuerzas policiales», como las denominadas cajas del juego clandestino, la prostitución o los desarmaderos de autos. «Estos ámbitos pueden llegar a ser no solo actos de corrupción, sino que pueden emparentarse con el crimen organizado, y puede terminar en golpes de Estado no del tipo tradicional, sino de generar una situación de descontrol» en la sociedad, que se logra, según ejemplificó, «con tirar cadáveres».
«Hay que tener mucho cuidado con al autonomización de las policías», alertó, y recomendó a los gobiernos «montar una buena policía de investigación criminal, una policía judicial». En esa línea, pidió evitar el desvío de recursos para la «policía de calle pública» y exigió «respetar los derechos laborales de los policías, pagarles bien, que tenga una retribución salarial digna».
«Si no hay una inversión equilibrada en el sistema de seguridad y, principalmente, en el penitenciario, hay cárceles que derivan a guetos, otras a campos de concentración y otras a hoteles de lujo con habitaciones de cinco estrellas», completó irónico el juez.
Pero Zaffaroni también incluyó una crítica a los medios de comunicación como multiplicadores del discurso de la inseguridad al que apelan los políticos para ganar adhesiones populares. «La publicidad de estas soluciones se hacen a través de las elecciones, que en algunos casos llegan a la demagogia pública y (los medios) utilizan a algunas víctimas (de delitos) que posen sentimiento de venganza. La usan a la víctima, se le hace decir en tono de venganza todo aquello que el comunicador social no le resulta de buen tono. A la víctima no se le puede contestar porque está sufriendo dolor, que no le favorece en el proceso de duelo, hasta que dice una barbaridad, y (los medios) la tiran, y buscan a otra».
• Pánico Moral
El magistrado aprovechó para fundamentar el concepto del «pánico moral» que provocan los medios de comunicación descrito en su libro «La cuestión criminal». «Cuando preguntamos por qué se incrementa la población aprisionada sabemos que hay un índice de mayor violencia, pero la frecuencia del delito es distinta. Hay otro factor de la violencia criminal, que sin dudas incide que es el «pánico moral». Es sembrar terror, terrorismo, aunque no uso esa palabra. Es una técnica de gobernar del miedo, de manipulación del miedo», explicó.
En el desarrollo del concepto, expresó: «Tiene una característica muy particular que se asume en los Estados Unidos hace 30 años. Se practica a la incitación del pánico moral para mostrar al delito, fundamentalmente al callejero, como origen todos los males. Se bombardean noticias, que no necesariamente son inventadas, aunque a veces se inventan, pero solo basta con seleccionar la noticia. Hoy abrimos el televisor (sic) y hay 18 homicidios, pero en realidad es uno que se reproduce, y si no es ese, es otro del otro día, o el de la localidad vecina».
Zaffaroni agregó que «la técnica del pánico moral infunde miedo» y que el «único riesgo real» al que se teme es al «homicidio doloso en ocasión de robo», aunque a veces se utiliza el homicidio del hombre a la mujer (con parentesco), que no es inseguridad».
En este contexto, mencionó que en la ciudad de Buenos Aires predomina el homicidio entre personas conocidas y que la mayor cantidad de crímenes se produce en las comunas 1 (Retiro, Constitución, San Telmo), 4 (La Boca, Parque Patricios, Pompeya) ,7 (Flores, Parque Chacabuco) y 8 (Villa Soldati, Villa Lugano). «El 60% los comicios se concentra ahí, en la zonas más pobres. Se matan entre ellos, y no salen a matar por ahí. En el resto de la ciudad (donde viven más de 2 millones de personas) nos acercamos a los índices europeos», sostuvo.
• Educación
Zaffaroni apuntó que para bajar los niveles de inseguridad es necesario mejorar el acceso y la calidad educativa en su primer escalón. «Si más de un tercio de la población penal debe completar en prisión su instrucción primaria es que algo está fallando. O sea que tenemos una instrucción primaria expulsiva donde comienza el proceso delictivo. Tenemos una escuela que ya no sirve, que deja de lado a los que no sirven y sigue adelante con los que sirven».
El ministro resaltó el incentivo a la educación como política pública efectiva para reducir el nivel de población carcelaria. «No nos damos cuenta, pero estamos viviendo una revolución silenciosa que sus resultados se verán en ocho o diez años, por la alta inversión en la educación», aventuró, y celebró que «se está incorporando a la universidad a jóvenes que son la primera generación de estudiantes de que terminaron la instrucción primaria y secundaria en prisión».
De la conferencia internacional también participaron el titular de la SIGEN, Daniel Reposo; al director general del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para Prevención del Delito, Elías Carranza; a la subsecretaria de Gestión Penitenciaria, Laura Lopresti y al director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel.
http://www.telam.com.ar/nota/19372/
- CUATRO AÑOS SIN SUPERPOBLACIÓN
En la actualidad, el Servicio Penitenciario Federal es el único sistema carcelario de América Latina sin superpoblación y con infraestructura acorde al nuevo paradigma penitenciario. “El sistema –precisó Alak- cuenta con 11.037 plazas y 9.644 detenidos –83,04% de la capacidad ocupada- en espacios concebidos para el desarrollo de programas de enseñanza, formación profesional, cultura y reconstrucción de lazos familiares”.
“El Plan Nacional de Infraestructura Penitenciaria, que se encuentra en plena ejecución, está dotando al Servicio Penitenciario Federal de establecimientos modelo que sirven ajustadamente a los lineamientos del nuevo paradigma basado en la resocialización de las personas privadas de la libertad”, sostuvo el funcionario, y subrayó que “el 65% de la población de las unidades penitenciarias federales trabaja y percibe el salario mínimo, vital y móvil, en tanto que el 64% estudia en el sistema educativo formal en los niveles primario, secundario, terciario y universitario de grado y posgrado: 6.171 son los inscriptos a diciembre de 2011 y 1634 recibieron certificados el año pasado por completar alguno de esos ciclos”.
Alak insistió en que el trabajo y la educación reducen significativamente la reincidencia en el delito. “Sólo entre el 5 y el 6 por ciento de los internos que estudian vuelve a delinquir cuando recupera la libertad, y esa tasa cae al 0% en los casos de quienes egresan del sistema penitenciario con un título universitario”, ejemplificó.
“Esos datos dan cuenta de que la resocialización plena de las personas privadas de la libertad supone un beneficio para el conjunto de la población”, sostuvo el funcionario, y reivindicó el programa de incentivos a la educación que, desde este año, permitirá reducir hasta un máximo de 20 meses los plazos de privación de la libertad de los condenados.
“La mayoría de las personas que transitoriamente se encuentran alojadas en dependencias carcelarias ha sufrido la falta de derechos desde la infancia, fundamentalmente por la ausencia de un Estado que, durante casi tres décadas regidas por el Consenso de Washington, se desentendió de los humildes y expulsó a millones de trabajadores –y a sus hijos- hacia la precariedad y la marginalidad”, señaló Alak, y citó palabras pronunciadas por su par de Educación, Alberto Sileoni, en la apertura del ciclo lectivo 2012 en las cárceles federales: “Ninguna persona puede ser condenada a tener su pasado como destino”.
Según Alak, en el SPF el 63% de los internos trabaja con derecho al sueldo mínimo, móvil y beneficios previsionales y un 62% estudia. En general, la tasa de re-incidencia, afirmó el ministro, para quienes terminaron el secundario es del 5% o 6% mientras que quienes han terminado la universidad la tasa es nula, esto es: no se registra re-incidencia en aquellos que culminaron estudios universitarios.
http://www.jus.gov.ar/prensa/noticia.aspx?id=1122
Otras fuentes citadas en el encuentro:
http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=212
Para bajarse los audios de la conferencias hacer click abajo:
Blog de la Red Girasoles 